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Es importante destacar que, aunque estos países no tienen tratados de extradición con España, esto no significa que las personas acusadas o condenadas por delitos en España no puedan ser juzgadas en otros países.
Es importante destacar que la falta de tratados de extradición no significa que España no pueda investigar o juzgar a personas acusadas de delitos graves que se encuentren en estos países.
“1. Los ciudadanos extranjeros en España tendrán acceso a las libertades públicas garantizadas por el presente Título, sujetos a las estipulaciones establecidas en los tratados y la legislación.
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Si una persona comete un delito en España y huye a un país sin extradición, la justicia española no podrá solicitar su entrega a ese país y deberá buscar otras alternativas para juzgar al acusado.
En los últimos tiempos, debido al proceso independentista en Cataluña, el caso Valtonyc y a las acusaciones de corrupción sobre el rey emérito, el derecho de extradición ha vuelto a ocupar portadas.
El continente africano es uno de los que más países aporta a la lista de países sin tratado de extradición con España, en los que destacan las excepciones de Marruecos, Argelia, Sudáfrica, Cabo Verde, Mauritania y Liberia, este último vigente desde hace más de a hundred twenty five años.
En todo caso, además de la suscripción de las normas antes descritas, rige también el denominado principio de reciprocidad, regulado en el art. thirteen.three de la constitución española: existe una obligación recíproca de llevar a cabo entregas extradicionales.
Con este escenario, se puede plantear la duda de por qué Rubiales no ha sido enviado de inmediato a España para proseguir la investigación y la respuesta es que República Dominicana no tiene acuerdo de extradición con nuestro país, lo que es lo mismo, España no puede exigir al país caribeño que mande a Rubiales para ser juzgado por nuestro país y, para ello, tendría que haber un acuerdo diplomático que no está sujeto a ningún plazo.
Desde el año 1984, este país cuenta con un acuerdo de extradición vigente con España, pero no es el único en la región.
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La inexistencia de acuerdos de extradición tiene repercusiones directas en el funcionamiento de la justicia en España. Estos efectos van desde limitaciones en el alcance de las investigaciones criminales hasta posibles entorpecimientos en la aplicación de la ley.
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